Un 30% de participación para mujeres y disidencias en espectáculos musicales con apoyo estatal

El Senado aprobó un proyecto de ley que busca reducir las desigualdades estructurales de género en la música uruguaya. La iniciativa establece un cupo mínimo del 30% para mujeres y disidencias en espectáculos musicales financiados por el Estado.

“Si el problema no existiera, la ley sería innecesaria; pero como el problema existe, necesitamos la ley”, sostuvo la senadora Constanza Moreira durante el debate en el Senado.

El proyecto, que tiene como antecedente una iniciativa presentada en 2021 por las entonces senadoras Sandra Lazo y Gloria Rodríguez, fue retomado y modificado durante el actual período legislativo. La propuesta establece un cupo mínimo del 30% de participación de mujeres y disidencias entre artistas solistas y agrupaciones en eventos musicales que reciban financiamiento, aportes o beneficios del Estado nacional.

Para Moreira, la medida responde a una desigualdad estructural que los datos muestran con claridad. La música es el sector más masculinizado de las artes en Uruguay: entre 2015 y 2018, el 74% de quienes tenían la música como ocupación principal eran varones y apenas el 27% eran mujeres. Una proporción que, además, prácticamente no se modificó en treinta años: en 1985 las mujeres representaban el 28% de quienes se dedicaban principalmente a la música.
La desigualdad también se refleja en los grandes espectáculos. De acuerdo con datos relevados por el Instituto Nacional de Música, la participación femenina se ubica entre el 6% y el 8% en Minas y Abril; entre el 11% y el 14% en el Festival del Olimar y la Criolla del Prado; y entre el 18% y el 22% en la Semana de la Cerveza. En los Premios Nacionales de Música, las postulaciones masculinas superaron el 73% entre 2020 y 2024.

Una política de igualdad de oportunidades

La senadora remarcó que el objetivo del proyecto no es intervenir sobre la libertad artística ni determinar qué artistas deben escuchar las personas, sino actuar sobre las condiciones de acceso a los espacios de participación cuando existen recursos públicos.

“Cuando el Estado pone plata tiene el derecho y la obligación de condicionar su apoyo financiero —que es la plata de todos— a algunos principios”, señaló Moreira.
La iniciativa prevé que el cupo se aplique a eventos organizados por instituciones públicas o que reciban recursos, aportes o exoneraciones de organismos del Estado nacional. No alcanza a espectáculos financiados exclusivamente de forma privada ni interfiere con las competencias de los gobiernos departamentales.

El proyecto también establece mecanismos de fiscalización a cargo del Instituto Nacional de Música y prevé, ante el incumplimiento, una multa equivalente al 6% de la recaudación bruta del evento y la imposibilidad de recibir apoyo económico de organismos estatales durante un año. Los recursos provenientes de las multas serán destinados al fomento y promoción de proyectos de artistas mujeres y disidencias de la música nacional.

“Si no nos cuentan, no contamos”

Durante su intervención, Moreira destacó especialmente el trabajo de Mydmus (Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya), colectivo de la sociedad civil que impulsó y sostuvo la iniciativa durante años hasta lograr que llegara al Parlamento.

También subrayó la importancia de contar con información sistemática sobre las desigualdades en el sector. “Si no nos cuentan, no contamos”, recordó, retomando una expresión de Lucy Garrido para señalar la necesidad de que el Estado produzca y sistematice datos que permitan diseñar y evaluar políticas públicas.

Para la senadora, las cifras muestran que no alcanza con esperar que las desigualdades se corrijan con el paso del tiempo. “Treinta años quiere decir que es una desigualdad estructural, no la cambia el tiempo. Y, por lo tanto, hay que corregirlo con la ley, hay que corregirlo con la norma”.

Una cultura más libre e igualitaria

Moreira sostuvo que las políticas de acción afirmativa forman parte de la arquitectura de las políticas públicas uruguayas y recordó que el país ya cuenta con mecanismos de este tipo en distintos ámbitos, entre ellos la participación política de las mujeres.

El proyecto representa, dijo, una forma concreta de ampliar las oportunidades de participación en un mercado laboral caracterizado por la informalidad y por profundas desigualdades de género.

“Una cultura libre es aquella en la que más personas tienen posibilidades reales de crear, producir, ser escuchadas, ocupar los escenarios y acceder”, afirmó.

La iniciativa continuará su tratamiento en la Cámara de Representantes, donde Moreira planteó la necesidad de seguir trabajando para alcanzar consensos y avanzar en una reglamentación que permita garantizar su efectiva implementación.

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