Constanza Moreira

Vivimos en un mundo en el que ideas que hace algunos años parecían marginales empiezan a acercarse al centro del poder. No siempre logran transformarse en leyes, porque hay sociedades organizadas, movimientos sociales e instituciones democráticas que resisten. Pero producen igualmente un efecto peligroso corren los límites de lo que se puede decir, de lo que se puede discutir y, con el tiempo, de lo que empezamos a aceptar como normal.

En los últimos días vimos una nueva escalada en el conflicto entre los gobiernos de Argentina y Brasil. El presidente Javier Milei volvió a agraviar públicamente al presidente Lula y a integrantes del Poder Judicial brasileño. Brasil respondió retirando a su embajador y reduciendo el nivel de su representación diplomática en Argentina.

Podríamos pensar que se trata de una provocación más, de otro exceso verbal de un presidente que ha hecho del insulto una forma habitual de intervención política. Pero creo que sería un error quedarnos solamente con la anécdota.

El problema no es únicamente el insulto. El problema es la idea de la política que aparece detrás.

Las relaciones entre los Estados no dependen de que sus presidentes se caigan bien. Se sostienen en normas, instituciones, responsabilidades históricas y compromisos democráticos.

Argentina y Brasil son dos países centrales para América Latina y para el Mercosur. La relación entre ambos fue fundamental para dejar atrás décadas de rivalidad, fortalecer nuestras democracias y construir una perspectiva regional común.

Por eso, atacar de manera sistemática al presidente de Brasil y a su Poder Judicial no es simplemente una falta de educación. Es debilitar una relación estratégica para toda la región. Es cambiar la diplomacia por el agravio, la cooperación por el enfrentamiento y la integración latinoamericana por una política de alineamientos ideológicos y subordinación externa.

Además, no estamos ante un hecho aislado. Milei ha participado en actividades de la oposición brasileña y ha atacado a las instituciones encargadas de juzgar los intentos de ruptura democrática en Brasil. Eso ya no es solamente una diferencia política con Lula. Es una forma de intervención en la vida democrática de otro país y una manera de legitimar a quienes todavía no aceptan plenamente el resultado de las urnas.

Frente a esto, corresponde expresar nuestra solidaridad con el pueblo brasileño, con su democracia y con sus instituciones.

Las nuevas derechas no defienden solamente un programa económico. También proponen una forma de entender el poder, la autoridad y las relaciones entre las personas y entre los países.

Buscan romper las normas que hemos construido para convivir y para evitar que la violencia sea la única manera de resolver los conflictos. Porque, cuando esas normas desaparecen, queda la ley del más fuerte: el que grita más, el que amenaza más, el que golpea más, el que invade más.

Y después esa violencia se presenta como algo natural. Como si la política siempre hubiera sido así. Como si las instituciones, las leyes y los derechos fueran apenas obstáculos para quienes quieren imponerse.

Esta forma de avanzar no se limita a la política exterior. También se expresa en el retroceso de los derechos de las mujeres y en la recuperación de modelos familiares profundamente jerárquicos.

En Estados Unidos, por ejemplo, algunos sectores del nacionalismo cristiano han vuelto a defender la idea de “una familia, un voto”: que cada hogar tenga una única representación política, ejercida generalmente por el varón considerado jefe de familia.

Es todavía una posición minoritaria. Pero no por eso deja de ser significativa.

Porque la democracia moderna se construyó sobre el principio opuesto, una persona, un voto. Ninguna mujer, ningún hijo y ninguna persona adulta puede quedar representada políticamente por otra simplemente por formar parte de una familia.

Los feminismos nos enseñaron que las relaciones de poder no existen solamente en el Estado o en el mercado. También atraviesan la vida familiar, el trabajo doméstico, los cuidados, la sexualidad y nuestros cuerpos.

Por eso no podemos separar la agenda autoritaria de estas derechas de su ofensiva contra los derechos de las mujeres. Cuando se debilita el Estado, se desmontan las políticas de cuidado y se vuelve a presentar a la familia tradicional como única forma legítima de organización social, las consecuencias recaen especialmente sobre las mujeres.

El conflicto entre Milei y Lula y estos discursos sobre la familia no son fenómenos idénticos. Pero forman parte de una misma forma de hacer política. La de despreciar los límites institucionales, naturalizar las jerarquías y sostener que algunas personas, algunos gobiernos o algunos países tienen más derecho que otros a decidir.

Estas derechas, además, no actúan por separado. Se organizan, construyen alianzas e intervienen en los procesos políticos de otros países.

Y detrás de estos procesos también hay relaciones internacionales de poder. Estados Unidos no siempre necesita intervenir directamente. Muchas veces le alcanza con apoyar, incentivar o dar respaldo político a gobiernos aliados que llevan adelante esa agenda en nuestros países.

No hace falta imaginar una conspiración ni órdenes precisas. Hay intereses económicos, políticos y estratégicos que coinciden en debilitar la integración regional, facilitar el acceso a nuestros recursos estratégicos y consolidar gobiernos subordinados a esos intereses.

Por eso también se ataca la integración latinoamericana. Porque una América Latina dividida, enfrentada y subordinada es mucho más débil.

Una región integrada, en cambio, tiene mayores posibilidades de defender su soberanía, sus recursos, sus democracias y los derechos de sus pueblos.

Por eso vuelvo a la pregunta inicial: ¿En qué mundo vivimos?

Y, sobre todo: ¿En qué mundo queremos vivir?

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