Constanza Moreira

Durante el debate parlamentario sobre el proyecto de ley que incorpora el derecho a la ciudad al ordenamiento jurídico nacional, la senadora Constanza Moreira sostuvo que Uruguay está dando un paso en la internalización de un derecho ya reconocido en el ámbito internacional y reafirmó que las políticas urbanas deben orientarse al interés público, la inclusión y la igualdad.

Moreira recordó que el derecho a la ciudad forma parte de los compromisos asumidos por Uruguay en el marco de las Naciones Unidas desde la aprobación de la Nueva Agenda Urbana en 2016 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Estamos internalizando un derecho internacional de los derechos humanos. No nace de un repollo; forma parte de los compromisos que el país ha asumido como integrante del sistema de Naciones Unidas”, señaló.

La senadora destacó que Uruguay es uno de los países más urbanizados del mundo, con un 96 % de su población viviendo en ciudades, lo que vuelve imprescindible contar con una política urbana de alcance nacional. En ese sentido, explicó que el concepto de derecho a la ciudad entiende al suelo, los recursos y los espacios públicos como bienes comunes, cuyo uso debe priorizar el interés social por encima de la especulación inmobiliaria.

En su intervención repasó experiencias internacionales que avanzaron en esta materia, como el Estatuto de la Ciudad de Brasil, la incorporación del derecho a la ciudad en la Constitución de Ecuador y el reconocimiento de este derecho en la Constitución de la Ciudad de México. También mencionó instrumentos como la captura de plusvalías, el presupuesto participativo y las políticas de integración urbana como ejemplos de herramientas destinadas a garantizar ciudades más equitativas.

Moreira rechazó los cuestionamientos sobre una eventual invasión de competencias departamentales y sostuvo que la planificación urbana constituye una política nacional que luego es ejecutada en coordinación con los gobiernos departamentales. Asimismo, recordó que la legislación uruguaya ya establece límites al ejercicio del derecho de propiedad mediante la expropiación, la Ley de Ordenamiento Territorial y otras regulaciones que subordinan el interés privado al interés general.

“La ciudad no es solamente un territorio; es un bien inmaterial. Es la polis, la política, el espacio donde se construyen los derechos y la convivencia democrática”, afirmó.

La senadora también advirtió sobre los efectos de la mercantilización del suelo y de la vivienda, que han profundizado la segregación residencial y la desigualdad. Señaló que Montevideo, al igual que muchas ciudades latinoamericanas, enfrenta procesos de expulsión de los sectores populares hacia las periferias como consecuencia del aumento del valor del suelo y de los alquileres.

En ese marco, reivindicó el derecho a la ciudad como una herramienta para garantizar el acceso igualitario al espacio urbano. “Derecho a la ciudad para quienes viven en los barrios más postergados; para las personas con discapacidad que necesitan ciudades accesibles; para las personas mayores; para las mujeres, los niños y las niñas. El derecho a la ciudad es el derecho a vivir en ciudades pensadas para todas las personas”, expresó.

Finalmente, Moreira sostuvo que reducir la segregación urbana es también una forma de fortalecer la democracia. A su juicio, una ciudad integrada favorece el encuentro entre distintos sectores sociales, genera mayor empatía y combate las desigualdades que hoy fragmentan el territorio. “No quiero una ciudad dividida entre ricos y pobres. Quiero una ciudad entera, mezclada, con derechos”, concluyó.

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