Constanza Moreira

Por Constanza Moreira y María Emilia Pérez

La deriva autoritaria del país de la libertad

La deriva autoritaria que sufre el gobierno de EE.UU. bajo el segundo mandato de Trump es evidente. Steven Levitsky, reconocido politólogo estadounidense, esboza una teoría sobre el “autoritarismo competitivo” que hoy predomina en su país. Aunque el presidente sea legítimamente elegido, la subversión de la democracia mediante la politización del Estado, dice él, se verifica en la forma en que se castiga y se silencia a las voces críticas, se premian y protegen amigos y aliados que violan la ley, se inician procesos penales contra los adversarios políticos, y se instaura una fuerza paramilitar (ICE). El gobierno incumple las sentencias de su propia justicia. Y no es sólo un problema de Trump. Es la mitad de un sistema político (el Partido Republicano) cómplice de todos los actos antidemocráticos de Trump: desde las denuncias de fraude hasta la aceptación de la violencia política y el pacto implícito con las fuerzas antidemocráticas de la ultraderecha.

Es en este marco que se produce el secuestro de un presidente (el de Venezuela), el asesinato de otro (el de Irán), el secuestro a mar abierto de barcos que buscan auxiliar a un país embargado como Cuba, los bombardeos incesantes sobre todo territorio que no sea “aliado”. Europa se llama a silencio; España reacciona. Y Trump decide juntar a los líderes de la derecha latinoamericana para armarlos hasta los dientes, todo en nombre de la lucha contra el narcotráfico.

La militarización de la política exterior es recibida como una ofrenda ensangrentada, y los presidentes de la ultraderecha bajan los ojos y la reciben. Trump los ha juntado en una cancha de golf y les ha dedicado un minuto a cada uno. Ni siquiera se ha quedado a almorzar. Los ha humillado de varias maneras, hasta maldiciendo su lengua. Y los compromete en una lucha imposible: la de una guerra dentro de sus propios países. 

Entre la Doctrina Monroe y el Escudo de las Américas

Aunque la intervención de EE.UU. en América Latina siempre existió (desde la Doctrina Monroe en 1823), debemos recordar que se volvió particularmente aguda en el auge de la Guerra Fría, donde el principal enemigo fue el “comunismo”. En nombre de esa guerra se armaron ejércitos, se militarizaron los cuerpos policiales, se hizo sistemática la práctica de la tortura, y se sembraron golpes de Estado en la mayoría de nuestros países.

Décadas después, ya en democracia, la lucha contra el narcotráfico volvió a rediseñar las políticas de seguridad, se incrementaron los presupuestos en defensa y se legitimaron nuevas intromisiones de EE.UU. en América Latina. 

En nombre ahora de la lucha contra el narcotráfico, EE.UU. lanza sus advertencias en la cumbre llamada “Escudo de las Américas”. Asimismo, se demanda aumentar el presupuesto militar, realizar ejecuciones sumarias de personas que “podrían ser narcotraficantes”, secuestrar presidentes, comprar magistrados, intervenir en elecciones nacionales como en Honduras, o en instituciones de justicia como en Brasil.

Puestas así las cosas, ¿quién se anima a oponerse? Sólo los gobiernos de izquierda han quedado por ahora al margen del Escudo de las Américas. México y Colombia son quienes hoy están en la mira. Ver a los presidentes de la derecha latinoamericana aceptar sin más los condicionamientos a los pies de Trump le resta a nuestra región la dignidad conquistada. Triste imagen. La soberanía no puede quedar sólo en manos de la izquierda.

Para comprender mejor cómo se construyó esta narrativa que hoy vuelve a justificar intervenciones y militarización, es necesario detenerse en uno de sus planes históricos: la “guerra contra las drogas”.

La guerra contra las drogas: una excusa ya conocida

La “guerra contra las drogas” no es nueva ni innovadora. Es una estrategia impulsada por EE.UU. desde los años setenta, cuando el presidente Nixon la declaró oficialmente en 1971.

Hay que reconocer que la relación entre las drogas, el control y el poder imperial no nació en los setenta. Basta recordar la guerra del opio en el siglo XIX y los intereses del Imperio británico para equilibrar su comercio con China.

Ahora bien, la guerra contra las drogas lleva más de sesenta años de aplicación y, en las últimas décadas, su fracaso se ha vuelto evidente. Incluso organismos internacionales como la ONU han reconocido que el enfoque prohibicionista punitivo no ha logrado sus objetivos declarados.

En la práctica, esta estrategia ha terminado funcionando como una forma de estrangulación de territorios enteros. No ha impedido la expansión del crimen organizado ni ha reducido de manera significativa los mercados de drogas. Tampoco ha abordado seriamente las dimensiones sociales y sanitarias vinculadas al uso de sustancias. Lo que sí ha producido, de forma sistemática, es violencia, militarización y muerte.

La lógica transforma un problema complejo en un escenario de guerra, pero el negocio continúa. Militariza la seguridad pública y construye un enemigo —el “narco”, el “cártel”—, que deja de ser presentado como un delincuente común dentro del sistema penal para convertirse en un enemigo de guerra o en “terrorista”.

Esto habilita políticas de excepción: despliegue militar en tareas de seguridad interna, ampliación de facultades coercitivas del Estado y una permanente narrativa bélica. El resultado ha sido la consolidación de la guerra interna en distintos territorios de América Latina, particularmente en México y Colombia, donde las consecuencias humanas han sido devastadoras.

Este paradigma ha sido alimentado por un entramado amplio que incluye decisiones gubernamentales, discursos políticos, marcos institucionales internacionales y una poderosa dimensión cultural. La llamada “sociedad del espectáculo”, reforzada por la industria audiovisual, ha contribuido a construir y difundir la figura del narcotraficante como el monstruo central de una narrativa de guerra.

Mientras tanto las estructuras económicas y políticas que sostienen el mercado ilegal permanecen en gran medida fuera de escena. No es menor que, según evaluaciones de riesgo publicadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, hay debilidades significativas en el sistema financiero del país frente al lavado de dinero procedente del narcotráfico. Del mismo modo, informes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estiman que el comercio global de drogas ilícitas genera cientos de miles de millones de dólares anuales en ganancias criminales, una parte sustancial de las cuales termina circulando en el sistema financiero estadounidense: la gran lavandería. Pero si algo ha demostrado la guerra contra las drogas es que el narcotráfico no se derrota con militarización ni con operaciones espectaculares, así como tampoco llenando las cárceles de los eslabones bajos de la cadena del tráfico, de los sustituibles, de las mujeres: se combate siguiendo el dinero y regulando los circuitos financieros que permiten transformar economías criminales en capital aparentemente legal.

El Secretario de Defensa mexicano informó a la prensa que, desde el inicio de su gobierno, se han incautado alrededor de 23.000 armas, de las cuales cerca del 80% son de origen estadounidense. La cifra vuelve a poner sobre la mesa un elemento clave del conflicto: buena parte del poder de fuego de los grupos criminales proviene del mercado de armas de EE.UU.

Mientras el discurso político insiste en señalar al narcotráfico latinoamericano como el principal enemigo, los tres pilares que sostienen el conflicto —el consumo masivo, los circuitos financieros donde se lava el dinero y una parte sustantiva del armamento— tienen su epicentro en EE.UU. Sin embargo, las consecuencias humanas de esta guerra se concentran mayoritariamente en los territorios latinoamericanos. La guerra contra las drogas es una guerra contra las personas y ha fracasado totalmente en su intento por frenar el narcotráfico.

Nadie quiere vivir bajo el control y el terror del narco ni de grupos paramilitares, que quede claro. Pero tampoco nos pueden vender gato por liebre. Si realmente queremos comprometernos con la eliminación del narcotráfico, debemos animarnos a discutir seriamente otras estrategias, entre ellas la regulación de los mercados ilegales de drogas. No para promover el consumo, sino para reducir la violencia y abordar el problema desde políticas públicas de salud.

Si verdaderamente buscamos la paz, también deberíamos preguntarnos por el papel de la industria de las armas que alimenta estos conflictos. Y si de verdad aspiramos a una democracia con soberanía real, no podemos seguir naturalizando las formas de presión e intervención de EE.UU. en la región.