En mi intervención en el Senado destaqué que este fenómeno atenta contra el desarrollo, profundiza la desigualdad y erosiona la confianza en las instituciones.
Votar esta ley no es un simple ajuste técnico: es una definición política y ética. Porque la libertad solo es compatible con el Estado de derecho cuando prioriza a las personas sobre el capital, y defiende regulaciones que protegen la vida y el bienestar colectivo.
Hablamos de un problema que atraviesa nuestra economía. En Uruguay y en América Latina, la entrada de capitales de origen dudoso atenta directamente contra cualquier proyecto de desarrollo. Quien crea que está bien recibir inversiones sin importar su procedencia, le erra al biscochazo. El verdadero crecimiento se construye con transparencia, con reglas claras y con un Estado capaz de garantizar que el dinero sirva a la sociedad, no al revés.
En definitiva, lo que realmente erosiona la democracia en la región no es la inseguridad, sino la percepción de corrupción. Cuando la ciudadanía ve riquezas injustificadas y fortunas surgidas de los circuitos ilegales, pierde confianza en las instituciones.
Esa es la verdadera grieta: la que separa a quienes trabajan honestamente de quienes se benefician del dinero fácil, profundizando la desigualdad y debilitando la democracia.
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Constanza Moreira 
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