Intervención de Constanza Moreira en Cámara de Senadores en el tratamiento del proyecto de ley de regulación del Cannabis.
Para muchos de nosotros hoy es un día histórico. Esta Cámara se apresta a aprobar un proyecto de ley sobre la regulación del cannabis que creo que muchos países y Gobiernos de América Latina tomarán como ejemplo para sus políticas futuras. Quiero decir que esta iniciativa, esta idea, viene siendo trabajada desde hace mucho tiempo. En Uruguay se realizan marchas pacíficas de apoyo a la regulación del cannabis desde hace mucho tiempo. Desde hace veinte años organizaciones políticas como las juventudes del Frente Amplio vienen discutiendo cómo cambiar el paradigma prohibicionista que impera en nuestro país.
En 2010 el Parlamento crea la Comisión Especial de Adicciones y durante dos años recibe a más de cuarenta delegaciones, representantes de comunidades terapéuticas, instituciones sociales, activistas a favor de la regulación del mercado de cannabis, clínicas, especialistas y profesionales, recogiendo así varios informes y recomendaciones. La primera y más importante recomendación es la de recordar que el consumo no necesariamente es problemático y que hay que separar la adicción del consumo. En las recomendaciones se establece la necesidad de regular las cantidades mínimas de porte de todas las sustancias ilícitas, las posibles salidas de la encrucijada o fracasada guerra contra las drogas y se habla de la regulación del mercado de cannabis.
En 2011, Legisladores de todos los partidos –representando al Herrerismo, a Vamos Uruguay, al Partido Independiente y al Frente Amplio– presentan alternativas a la actual situación, en particular, en relación con el cannabis.
En 2012 y bajo el contexto de las quince medidas para mejorar la convivencia ciudadana, el Poder Ejecutivo ingresa este proyecto de ley que, como alguien dijo acá, tenía un solo artículo. Luego se transformó en una iniciativa de cuarenta artículos lo que habla sobre la capacidad de trabajo, consciente, esforzado, sistemático e inteligente de la Comisión que se abocó a su estudio y le dio una perspectiva global. Sin duda alguna, este proyecto de ley es mejor que el inicial que vino del Poder Ejecutivo. ¡Y para eso está el Parlamento, señor Presidente! ¡Para enriquecer con su labor y con la discusión interpartidaria las iniciativas que muchas veces llegan del Poder Ejecutivo!
Más adelante se crea la Comisión Especial de drogas y adicciones con fines legislativos, la que recibe a dieciséis delegaciones más. De manera que este proyecto de ley puede ser todo menos un proyecto mal trabajado o mal informado. Recuerdo que en esa ocasión se recibió a juristas, médicos, químicos, farmacéuticos, psiquiatras, psicólogos y responsables de comunidades terapéuticas, y todos plantearon su visión con relación al cannabis.
Señor Presidente: esta discusión trasciende al Uruguay y por eso inicié mi exposición diciendo que los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, aunque ello resulte un poco ambicioso de decir. Sin duda alguna, los ojos de América Latina están concentrados en cómo el Uruguay resuelve el tema del cannabis.
El 26 de enero de 2011, los Presidentes de América Latina, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México –nada sospechosos de participar de ninguna cruzada izquierdista–, junto con Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, crean la Comisión Global de Política sobre Drogas para reconocer lo que nosotros reconocemos y nos lleva a votar este proyecto de ley: la guerra contra las drogas fracasó. Sí, señor Presidente; la guerra contra las drogas fracasó y continúa fracasando estrepitosamente. Es más, todas las recomendaciones que se han escuchado en este Senado en el sentido de continuar aplicando mano dura al narcotráfico y al narcomenudeo y de aumentar la eficiencia policial, me parece que adolecen de un reconocimiento inicial, que es el del fracaso. Si no reconocemos el fracaso, mal podríamos cambiar de orientación. Así que este fracaso no lo reconocimos inicialmente nosotros, sino que lo hicieron los países donde este problema está planteado de forma más acuciante.
Según expresidentes latinoamericanos y europeos, “La plata de esa guerra está mal usada porque no tiene resultado efectivo; si se utilizara para salud, tratamiento médico, educación, para campañas de publicidad, sería mucho mejor”. Así lo expresó el exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso al criticar abiertamente la política represiva impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos en América Latina. Frente a esto, la Comisión propuso una regularización de las drogas, como se hizo con el tabaco y el alcohol; exactamente igual a como estamos procediendo hoy al discutir y aprobar –así lo espero– este proyecto de ley.
El ex-Presidente César Gaviria, quien durante diez años se desempeñó como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, dijo: “Los consumos siguen iguales en los últimos 20 años,” –es decir que el modelo prohibicionista no hizo desistir a nadie de consumir– “la violencia y los prisioneros crecieron, se ha vuelto un gigantesco negocio criminal y eso está generando una enorme cantidad de violencia, no solo en Estados Unidos sino en México, en Colombia, y en general toda Latinoamérica, y es hora de repensar esa política”.
También estuvo Ernesto Zedillo, exmandatario de México, donde hubo más de treinta mil muertos desde que el Gobierno de Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico, en diciembre de 2006.
Al encuentro asistieron personalidades europeas, como el ex-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; el ex-Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, el español Javier Solana; Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.
La crítica contra la política norteamericana fue dura. “Estados Unidos” –afirmó Gaviria– “ha tenido una misma política por muchas décadas y esta etapa de la guerra contra las drogas ya lleva casi 40 años de total prohibición y de llevar a la cárcel a todos los consumidores y los traficantes. Es una política que no está mostrando resultados”. Y luego expresó: “En Estados Unidos hay quinientas mil personas presas por delitos de drogas,” –¡medio millón de presos!– “la mayoría son pobres y negros”.
Por su parte, el exmandatario brasileño reclamó más información y educación “de forma que la gente disponga de elementos para usar su libertad y para saber que la droga hace daño”. Insistió en que el usuario problemático de drogas debe ser tratado como “un enfermo al que hay que ofrecerle salud” y no como criminales a los que hay que reprimir.
Las pruebas científicas aconsejan dar mayor importancia a la prevención y a la reducción de los daños. Simplemente quiero recordar que todo un capítulo del proyecto de ley está destinado a las políticas preventivas en el área de la salud y de la educación.
Desde la reunión que mantuvieron los ex-Presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, que encabezan esta cruzada por establecer e incentivar proyectos de ley como el que hoy se va a aprobar en este Parlamento, insistieron en el fracaso de la guerra contra las drogas, diciendo: “El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado”.
A partir del enfoque meramente represivo, con sus externalidades conexas, el tráfico de armas, la corrupción, el blanqueo de dinero y la compra de Jueces y de políticos, la Comisión Global de Política de Drogas –creada hace apenas dos años para cambiar la política de drogas y discutir la perspectiva norteamericana sobre las drogas– encamina recomendaciones que son las que tiene de base este proyecto de ley.
Señor Presidente: insisto en que esto no empezó en el Uruguay; nuestro país tuvo su propia discusión. Concretamente, este proyecto de ley hace pie en un cambio de orientación que se está dando en los países de América Latina con respecto a la política de combate al narcotráfico que viene de Estados Unidos.
En nuestro país la Universidad de la República hizo el “Aporte universitario al debate nacional sobre las drogas”, de 2012 –el señor Senador Gallo Imperiale ya se refirió a él–, que reúne trabajos realizados por distintos grupos de especialistas –economistas, abogados, biólogos, sociólogos y politólogos– que confluyen en que los problemas con las drogas son más resultado de su prohibición, que del consumo. En el trabajo se dice que los consumidores podrían sufrir accidentes puntuales de consumo excesivo o crónico, pero nunca hubieran alcanzado las decenas de miles de muertos, consolidado una economía subterránea e imposibilitado la prevención y cualquier política, si no hubiéramos adoptado el modelo prohibicionista.
Por consiguiente, la violencia asociada a las drogas, el narcotráfico y la imposibilidad de tener políticas de prevención y tratamiento están relacionados no con las drogas, sino con su prohibición. El modelo, como dijera el señor Senador Gallo Imperiale, debe abandonarse.
Se dice que con este proyecto de ley lograremos reducir la percepción de riesgo que se tiene sobre el consumo de marihuana. Lamento discrepar radicalmente con esta tesis.
El estudio económico realizado por Carlos Casacuberta y Patricia Triunfo –entre otros– que aparece en el libro de la Universidad dice que el consumo de drogas es una elección racional, no el producto de una mente alterada.
El consumo adictivo, a su vez, que –insisto– es diferente del consumo recreativo, se relaciona con el valor del presente con respecto al futuro, y lamento informar que en las sociedades modernas, posmodernas, del ahora, de la inmediatez, de la gratificación presente y no mediata, el valor del futuro se vuelve difuso y la satisfacción del hoy se vuelve importante y acuciante. El valor del presente es parte de esa modernidad líquida de Bauman, y mucho más para los jóvenes. Se disfruta del hoy y ese disfrute del momento presente reduce el cálculo de la desgracia futura, ya sea que implique una adicción o simplemente una terrible resaca.
Los economistas dicen que todas las drogas recuerdan al alcohol, la más consumida de las drogas, con muchos usuarios ocasionales, un número mucho más reducido de usuarios intensos –es decir, que consumen frecuentemente– y un número mucho más reducido aún de usuarios intensos que lo son por muchos años. Por consiguiente, la perspectiva de tratar a las drogas desde el punto de vista del adicto es, por lo menos, parcial y limitada.
–Por otra parte –según nos recuerdan los economistas, los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras y todos los cultores de la mente y sus laberintos–, las adicciones no tienen nada que ver con la sustancia, sino que reflejan una relación de los individuos con algo que puede ser una droga, que nos parece nocivo, pero que puede ser tan bueno como la comida. Quiere decir que nos podemos volver adictos a muchísimas cosas con relativa independencia del bien o mal que ellas representen.
El uso de las drogas, además, incrementa el valor del ocio en una sociedad en la que se vuelve escaso, pero que al mismo tiempo está muy valorado socialmente. Los economistas nos dicen que no hay asociación estadísticamente significativa entre el uso de las drogas blandas y el mercado de trabajo, o el uso de las drogas y el fracaso escolar, hasta por el hecho de que los usuarios de cannabis tienen más educación que el promedio de los estudiantes.
Los economistas también nos advierten sobre cómo la prohibición altera los hábitos de consumo del cannabis. La prohibición –esto lo dicen en términos económicos– aumenta los costos de transacción y estimula el hábito de stock; esto quiere decir que ya no compran para el día, sino que como tienen que ir al mercado negro, compran para unos cuantos días. Si a esto lo juntamos con el estudio de los casos judiciales, vemos que en general se castiga punitivamente a los que stockean y no a los que tienen para el día, de tal manera que el Juez, cuando determina la culpabilidad o no –porque en nuestro país el consumo no está penado–, lo hace por la cantidad que tiene y no por una presunción de culpabilidad de que lo va a vender o a suministrar a otros. Con ese comportamiento de los Jueces se incentiva a que todo el tiempo los consumidores vayan al mercado ilegal a proveerse de pequeñas cantidades. La conclusión es que una política que hostiliza a los demandantes de droga no tiene probabilidad de obtener ningún éxito en la guerra contra las drogas.
Los economistas nos dicen, asimismo, que cuanto más intensa es la represión, además de aumentar el valor, hace crecer el número de bandas que actúan; así, pues, el remedio es peor que la enfermedad, ya que aparecen muchos vendedores con poco stock. Al mismo tiempo, cuando aumenta la prohibición y los costos de represión, el bien complementario a la droga son las armas, como ocurrió con la ley seca en los Estados Unidos.
Por cierto, los economistas también agregan algo muy curioso: el uso de drogas no se relaciona con la ausencia de mamá, sino con la ausencia de papá, de la figura paterna. Les recomiendo que lo lean.
Lo más importante –dicen los economistas– es que no es fácil encontrar en la literatura sobre drogas un análisis explícito de las políticas. La investigación en el área médica –aquí fueron citados informes de la Sociedad de Psiquiatría y otros– asume comúnmente que si se demuestra que existen efectos negativos de la droga sobre la salud, automáticamente se justificaría un enfoque duro de la política antidrogas. Podríamos asumir, por supuesto, que existen efectos negativos de las drogas sobre la salud, pero de eso no se deduce que una política antidrogas dura mejore el consumo, como no lo ha mejorado en este tiempo.
Si legalizáramos –continúan los economistas–, para empezar sabríamos más sobre los consumidores, podríamos tener terapias públicas y, sin duda, disminuiría el atractivo de lo prohibido, y no hay que ser Freudpara saber que existe.
Quiere decir que con este proyecto de ley hacemos unas cuantas cosas. En primer lugar, visibilizamos el comportamiento de los consumidores, porque vamos a tener más información de la que tenemos ahora, podremos saber quiénes son y cuánto consumen. También podremos tener políticas específicas, porque al saber de quiénes se trata podremos diseñar políticas de salud. Al mismo tiempo, vamos a disminuir el atractivo de lo prohibido realizando campañas publicitarias y sociales que muestren o induzcan a pensar que el consumo de drogas hoy –como ayer el consumo de cigarrillos– no es maravilloso, sino penoso. Una parte de la reducción del uso de tabaco que se verificó en el Uruguay en los últimos años no tiene que ver con la prohibición del tabaco, sino con el imaginario cultural que se fue generando de que el que fuma es un tonto, que está mal fumar o, como se dice, que ya fue. Estos modelos de cambio cultural tienen mucho más impacto que la lógica del garrote, sobre todo en las poblaciones jóvenes. La lógica del garrote y los modelos de paternalismo represivo ya no están funcionando bien; es mejor hacer otras cosas, como mostrar que el que fuma es un idiota y está fuera de los modelos culturalmente valorados. Así como antes el que fumaba era James Bond, el cambio en el patrón cultural asociado al tabaco es lo que hace que mucha gente deje de fumar, mucho más allá de las políticas represivas. Así que para las sociedades de hoy, creo que es mejor ir por el lado de la cultura que por el del garrote, además de que desde la perspectiva de los derechos humanos, sin duda es bastante más aconsejable.
Sobre la legislación, puedo decir que el Uruguay ya era de avanzada porque no tenía penado el consumo, como sucede en muchos otros países. De hecho, cuando se juntan Gaviria, Zedillo, etcétera, es para empezar a hacer lo mismo que nosotros en 1974, esto es, despenalizar el consumo. Ahora bien, la penalización con prisión de una mujer en Canelones reabrió la polémica e indujo a un grupo de parlamentarios a presentar una iniciativa. En el estudio de la Universidad sobre las drogas, Bardazano señala que la legislación que teníamos –ahora vamos a tener otra– abría un espacio demasiado grande a la discrecionalidad de los Jueces porque, ¿qué es una cantidad razonable para el consumo personal? Si los señores Senadores leen el texto de la Universidad de la República, van a encontrar sentencias de los Jueces donde –¡pobres Jueces!– tienen que determinar cuántos cigarros se hacen con 20 gramos y para cuántos días alcanzan. Los Jueces no están preparados para asumir esto. Al respecto, Bardazano dice que lo que funcionaba, en general, era el paternalismo duro, la intervención del Estado para suprimir el derecho de las personas a realizar ciertos actos porque considera que van contra su propio bien. El Estado termina protegiendo intereses de las personas que estas no reconocen ni perciben como propios. Al respecto, Bardazano dice que frente a este paternalismo duro, se opone el derecho de estas personas a un consumo recreativo, a divertirse, a ser felices, a aliviar el sufrimiento o el aburrimiento. El análisis de los casos demuestra que, en general, cuando hay un espacio gris entre tener muy poquito y un poco más, los Jueces funcionan con un criterio restrictivo, que es lo que genera que muchos consumidores vayan a la cárcel, cuando esa no era la idea de la legislación original.
Para terminar con el informe de la Universidad, quiero agregar que el estudio sociológico de que se dispone indica que la marihuana es la droga más usada –por supuesto, después del alcohol y del tabaco–, que el efecto escalera no existe –en general, los jóvenes empiezan con el tabaco y el alcohol, no con la marihuana– y que existe una gran dificultad en la forma en que la sociedad conceptualiza el problema, porque existe un gran desconocimiento, mucho prejuicio y a las generaciones más viejas les cuesta mucho más que a las jóvenes entender lo que pasa. El estudio también muestra algo raro: los consumidores de marihuana tienen mayor educación relativa y mayores ingresos que el promedio de los jóvenes. Además, establece que los jóvenes que fuman marihuana no parecen tener mayores problemas familiares que el resto, aunque están mucho más expuestos a la violencia, y deduce que esto se debe a la prohibición que afecta a la marihuana y no por la marihuana en sí.
¿Cuándo empezó a ser la marihuana una droga prohibida? Quiero mencionar este punto y nada más porque, en realidad, da para hacer una antología de la irresponsabilidad científica. En general, los llamados movimientos antivicio que se desarrollan entre 1850 y 1900 para promover la templanza, estaban vinculados a los costos de la guerra. No se quería tener soldados ebrios y por eso se estimuló el consumo de tabaco pero, en realidad, la industria del alcohol era demasiado importante como para prohibirla y, en cambio, el cannabis, la cocaína y el opio eran más fáciles de reprimir por ser producidos por países pobres. La inclusión del cannabis en el Sistema Internacional para el Control de Drogas, en 1925, fue realizada por los egipcios en base a una supuesta evidencia científica sobre el impacto del cannabis en la demencia, en los hospitales de Egipto. El estudio fue realizado por un inglés que no entendía árabe y que se quejaba de no tener traductor, por lo que difícilmente comprendía lo que le decían sus pacientes. En los estudios sobre el tema, esto se exhibe hoy como una muestra de irresponsabilidad científica.
La inclusión definitiva en la Comisión de Estupefacientes tuvo lugar en el año 1955, con un trabajo de Pablo Wolff sobre los efectos físicos y psíquicos del cannabis. Lamentablemente, Pablo Wolff utilizó editoriales de diarios latinoamericanos y habló de la influencia criminológica de la resina de cannabis, es decir, de la relación entre consumo de marihuana y delito, a partir de lo que resaltaban los diarios. Los estudios también indican que desde el punto de vista de su justificación científica, la inclusión definitiva de la cannabis en 1955 no resiste el análisis.
En Uruguay no se impide el consumo, pero al prohibirse el tráfico y el suministro, hemos generado una política dual y un ciclo incompleto o trunco de la política pública, que es lo que este proyecto de ley es de resolver el problema del ciclo trunco de la política pública para tener una política publica integral. Me anima la convicción más profunda de que este proyecto de ley es muy bueno y que hoy estamos dando un gran paso, un enorme paso y tiene que ver con los jóvenes, por cierto que esta sociedad no trata demasiado bien.
Mirá la intervención aquí:

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